En México hay un millón 816 mil mujeres que se desempeñan como trabajadoras del hogar, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2008 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); pero a pesar de su gran número, ellas mismas denuncian ser invisibles para la sociedad, los políticos y los gobiernos. Según esa encuesta, el número de trabajadoras del hogar equipara al de todos los oficinistas varones del país y es similar al de todos los vendedores ambulantes o maestros, sin que esto represente para ellas una ventaja política, económica, laboral o sindical.
Académicos, especialistas en el tema del trabajo doméstico y hasta servidores públicos reconocen que las trabajadoras del hogar son víctimas de exclusión y de una discriminación legalizadas, pues en las leyes Federal del Trabajo y General del IMSS sus derechos están limitados o son casi nulos. En materia de políticas públicas, desde el nivel municipal hasta el federal, hay un enorme vacío de acciones y programas de gobierno.
Las trabajadoras del hogar realizan sus quehaceres sin un contrato laboral, sin seguridad social, con salarios inferiores al del resto de los trabajadores; sin tener derecho a vacaciones, pago de horas extras, pensión y jubilación; entre gritos, golpes y acoso sexual, pero forzadas a realizar extenuantes jornadas laborales y discriminadas por su origen étnico.
Ellas son la alegría del hogar... pero nadie las toma en cuenta.
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